Fuer. m. Apócope de FUERO. A fuer de. m. adv. A ley de, en razón de, en virtud de, a manera de.

Fuero. ( Del lat. forum, tribunal. ) m. Ley o código dados para un municipio durante la Edad Media.

Fuero activo. Der. Aquel de que gozan unas personas para llevar sus causas a ciertos tribunales por privilegio del cuerpo de que son individuos. Fuero de atracción. Der. Díc. cuando por el rango del tribunal, la calidad del justiciable o la índole del asunto, ha de conocer aquél de cuestiones diferentes, aunque conexas, respecto de las que estrictamente le competen. Fuero de conciencia. Libertad de la conciencia para aprobar las buenas obras y reprobar las malas. Ú. m. en pl. Fuero exterior, o externo. Tribunal que aplica las leyes. Fuero interior, o interno. FUERO DE LA CONCIENCIA. Fuero mixto. El que participa del eclesiástico y del secular.

 

Der. histórico. El término fuero se utiliza para designar el Derecho local propio de las ciudades y municipios ( fueros municipales ) y también para denominar determinadas fuentes jurídicas de carácter territorial ( fueros territoriales ).

Si bien el desarrollo del Derecho local tiene unas características comunes en toda la Europa medieval y en tal sentido puede establecerse un paralelismo o equivalencia entre las chartes o coutumes francesas, las costums catalanas, los statuti italianos o los Weichbild alemanes, la lucha por la reconquista influyó en forma decisiva en la elaboración de ciertas peculiaridades propias a la Península Ibérica, y entre ellas destaca la gran diversidad jurídica. La alta Edad Media representa precisamente un retorno a la diversidad jurídica después del intento de unificación llevado a cabo durante la época visigótica, puesto que cada ciudad o reino va elaborando su propia organización jurídica basada en sus fuentes de carácter local, y si bien en algunas se siguen las pautas del Liber iudiciorum ( principal cuerpo legal visigótico ), muchos son los que se apartan de él e incluso lo contradicen.

Antes de pasar a analizar los fueros municipales conviene mencionar lo que constituye el germen de los mismos, es decir, las cartas de población, divididas en cartas de fuero, de carácter privado, en las que se establecen los privilegios y franquicias locales, las relaciones entre los vecinos, las condiciones de explotación agraria, etc., y las cartas pueblas, de carácter público, en las que se establecen las relaciones entre los súbditos y los reyes o señores feudales. Las cartas pueblas constituyen el estatuto de fundación de un nuevo núcleo en un territorio recién conquistado. La mayor o menor concesión de franquicias y privilegios se establecía en razón a la importancia económica o estratégica del territorio, estableciéndose mayor nivel de vida para los primeros colonizadores capaces de desarrollar tales condiciones de vida que constituyeran un atractivo para el establecimiento de nuevos vecinos, e incluso la extinción de antiguas responsabilidades civiles o criminales. Las comunidades formadas bajo este régimen jurídico se establecían con una base social comunitaria, y aunque dependían del poder real, por su situación geográfica y su estatuto legal gozaban de gran autonomía política.

 

 

– Elementos jurídicos que intervenían en la constitución de los fueros –

 

Los llamados fueros municipales, que cronológicamente sucedieron a los fueros antiguos o cartas de fuero, solían formarse por la agregación de los primitivos o bien por la promulgación de otros nuevos. En su redacción solían incluirse las cartas de población que conservaban vigentes, junto a las costumbres propias del territorio, las decisiones de los órganos judiciales, los privilegios y franquicias, las disposiciones reales y señoriales y también las dadas por los concejos de las ciudades. Los primeros fueros contenían los privilegios dictados teniendo en cuenta las características de las nuevas poblaciones ; sin embargo, Alfonso VIII y Alfonso IX tendieron ya la implantación de una legislación uniforme por medio de la aplicación de un fuero general y común para todas ellas. Estos privilegios concedían beneficios de tipo económico ( exención de parte de las franquicias ) y de tipo jurídico ( autonomía jurisdiccional y legislativa ). Las decisiones judiciales reflejaban la aplicación de las costumbres locales y los fallos basados en el libre albedrío de los jueces cuando actuaban en ausencia de una norma concreta aplicable al caso.

En algunos fueros, como los castellanos y leoneses, llegó a reconocerse la facultad de los jueces para crear nuevo Derecho.

La costumbre es otro elemento importante que influye en la redacción de los fueros. Esos usos, que tienen orígenes diversos ( algunos datan de la época romana o visigótica ), generalmente se transmitían en forma oral y en algunas localidades, aunque muy pocas, se tendió a plasmarlos en documentos escritos, a lo que contribuyeron especialmente las actuaciones de los jueces.

Por último, tiene gran importancia en la constitución de los fueros la legislación emanada del poder real en orden a modificar o suprimir algún aspecto o la totalidad de un fuero. Es de destacar también la labor creativa realizada por los concejos de las ciudades.

 

 

– Clasificación –

Se dividen en breves y extensos. Los breves son anteriores cronológicamente a los extensos y contienen en forma sumaria los privilegios, franquicias y ordenanzas legales de las ciudades. Los segundos contienen en su mayoría la totalidad del derecho municipal.

Fueros municipales. La gran diversidad legislativa local no implica, sin embargo, como podría suponerse, una gran variedad de fueros, sino que pueden establecerse determiandos grupos o familias según sus características para un mejor estudio de los mismos. Entre los fueros municipales destacan :

Fuero municipal de León. Comprende 48 capítulos, 14 de ellos de carácter territorial, y fue decretado por Alfonso V de León en 1017. Contiene los fallos de las Asambleas judiciales y las resoluciones de las curias regias. De él dependen los fueros de Villavicencio, Castrocalbón, Valle de Fenar, Pajares de los Oteros, etc.

Fuero municipal de Cuenca. Otorgado por Alfonso XIII de Castilla a finales del s. XII. Sus fines son plasmar el Derecho consuetudinario castellano y recopilar el Derecho romano. En realidad representa la aplicación del Derecho castellano a los nuevos territorios conquistados. Se considera como un fuero tipo y cabeza de una extensa familia de ellos.

Fuero de Jaca. Se basa principalmente en el Fuero antiguo de Jaca de 1064, coregido y aumentado en 1134 y 1187. Junto al Fuero antiguo recoge también las decisiones judiciales. Influye de manera notable en la redacción de los documentos jurídicos otorgados a la región navarro-aragonesa.

Fueros territoriales. Las redacciones del Derecho tradicional de cada región que se realizan a partir del s. XIII ( basadas en los respectivos textos consuetudinarios, en las decisiones judiciales y en los privilegios y demás disposiciones legales ) reciben el nombre de fueros territoriales. La sustitución de los derechos locales por estas recopilaciones se resuelve de forma distinta en los reinos de :

– Aragón,

– Navarra,

– Vascongadas o Castilla.

En los primeros el tránsito se realiza de forma imperceptible, en el período comprendido entre los s. XIII al XV.

En cambio, en Castilla, en que intentó imponerse el cambio en forma excesivamente brusca, se produjo una reacción que determinó un estancamiento y un retraso de casi un siglo. Si bien durante la baja Edad Media no puede hablarse todavía de generalización del Derecho en cada uno de los reinos, sí puede afirmarse, en cambio, el predominio del llamado fuero territorial por encima de los fueros municipales o locales, al tiempo que el ámbito de vigencia de estos últimos tiende a ser cada vez menor, e incluso a extinguirse.

No todos los fueros territoriales tienen el mismo contenido ni la misma vigencia, y en los más incompletos se recurre con mayor frecuencia a colmar las lagunas a base del Derecho supletorio, es decir, el Derecho local. ( A continuación se reseñan sólo los fueros territoriales de Castilla y León, toda vez que los correspondientes a los otros reinos hispánicos son tratados en el artículo Derecho foral*, habida cuenta que aquéllos constituyen la fuente de las vigentes legislaciones forales o especiales. )

Fueros castellanos. El libro de los Fueros de Castilla, el Fuero viejo, el Fuero de los fijosdalgo y el Fuero antiguo forman parte del grupo de colecciones de fueros redactadas con carácter privado en el reino de Castilla. En ellos se incluyen la costumbre y la actuación judicial, basada en el libre albedrío, hasta que en el s. XIII comienzan a publicarse las primeras ediciones escritas de la doctrina de los juristas. De los cuatro principales reseñados, los dos últimos se consideran precedentes del Fuero viejo, que apareció en diversas ediciones.

Fuero Juzgo. En la versión romance del Liber iudiciorum en su forma vulgata, realizada a partir del s. XIII. Contiene la instituciones jurídicas que regulan la actuación judicial, establece lo que es la ley y la actuación del legislador, el fin de realizar justicia, y la forma en que deben hacerse las leyes, y recoge ya el principio de la igualdad ante la ley y el de la ignorancia que no excusa de su cumplimiento. Trata también del Derecho político, civil, penal y procesal.

Fuero Real de Castilla. Redactado en 1252-55, fue promulgado con carácter local para las ciudades que carecieran de fuero, incluyéndose algunas veces modificaciones o adiciones. En su redacción fueron utilizados el Fuero de Soria y el Liber iudiciorum.

Fuero de León. Otorgado en 1017, regula la organización judicial del territorio leonés. Se completa con los decretos de León de 1188.

 

 

 

Bibliografía

Vicens Vives, J. : Historia social y económica de España y América, – Barcelona -, 1958.

García Gallo, A. : Manual de historia del Derecho español, – Madrid -, 1959.

Enciclopedia jurídica, – Barcelona -, 1960.

 

 

Hay otros tipo de fueros relacionados con los tiempos nuevos y sus leyes ; como p. ej. el FUERO DE LOS ESPAÑOLES que es ley del Estado español promulgada el 17 de julio de 1945. Fue elevada a rango de ley fundamental por el art. 10 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, y modificada posteriormente por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Constituye una declaración programática de los derechos y deberes de los españoles en base a los principios informadores del régimen surgido de la guerra de 1936-39.

La aplicación de los principios que enumera se hará a través de leyes particulares aprobadas por las Cortes ( art. 34 ). Existen dos limitaciones al ejercicio de los derechos proclamados : una de carácter general, por la que el ejercicio de los mismos

 

¨ no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España ¨ 

( art. 33 ), en el marco de la lealtad al Jefe del Estado y del acatamiento a las leyes vigentes ( art. 2 ) y en especial a los principios fundamentales del Estado ( art. 12 ) ; la otra limitación consiste en la suspensión, por tiempo determinado, de ciertos artículos referentes a los derechos de ciertos artículos referentes a los derechos relativos a la intimidad y seguridad personales, y a ciertos derechos políticos ( art. 35 ).

Los distintos derechos que regula la ley se pueden clasificar del siguiente modo :

– Derechos personales – 

a ) Relativos la intimidad y a la seguridad personales : Garantía de la libertad y secreto de correspondencia ; libertad de fijación de residencia ; prohibición de entrada y registro en un domicilio sin permiso de su dueño o autoridad española, salvo por delitos específicos ; obligación de poner los detenidos a disposición de la autoridad judicial, en el plazo de 72 horas ; prohibición de condenar a nadie por delito que no esté previamente regulado, o sin haber sido oído al inculpado,

b ) Políticos : Representación política de los ciudadanos a través de la familia, el municipio y el sindicato ; ejercicio de cargos y funciones públicas, atendiendo a la capacidad de los ciudadanos ; libertad de expresión, de reunión y asociación para fines lícitos ; derecho de dirigir peticiones a las autoriades.

c ) Sociales : Derecho de propiedad ; derecho al trabajo y a su protección ; intrucción para todos los españoles.

 

– Derechos de las instituciones sociales –

a ) De la familia, considerada célula de la sociedad, una e indivisible.

b ) De la Iglesia, confesionalidad católica del Estado, con tutela al ejercicio de la libertad religiosa por otras confesiones.

En cuanto a los deberes, señala los de prestación de servicio militar y el pago de tributos.

 

Además otras disposiciones y fueros conocidos como FUERO DEL TRABAJO y, las ya descritas, de época, anterior a 1978.

 

 

 

 

 

 

 

 

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